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Martes, 09 Mayo 2017 13:21

CERMI Andalucía valora que la Junta acepte la recomendación del Defensor del Pueblo de realizar informes anuales sobre las políticas públicas de discapacidad

El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Andalucía (CERMI Andalucía) ha mostrado su satisfacción porque la Dirección General de Personas con Discapacidad, dependiente de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta, señalara a principios de este mes que "acepta" la recomendación de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, que dirige Jesús Maetzu, relativa a la "necesidad" de impulsar actuaciones para la evaluación de las políticas públicas en materia de discapacidad.

El Defensor cerraba así una queja de oficio en la que aconsejaba a la Junta que "impulsara las actuaciones que procedieran para llevar a cabo una efectiva evaluación de las políticas públicas destinadas a garantizar la normalización e integración total del colectivo de las personas con discapacidad en la sociedad civil, mediante la realización de informes anuales de seguimiento por parte de los órganos que se estimasen más idóneos para ello".

En dicha queja de oficio abierta el pasado año y ya cerrada, el Defensor del Pueblo Andaluz señalaba que con motivo del encuentro que mantuvo en noviembre de 2015 con las Federaciones Provinciales de Asociaciones de Personas con Discapacidad, "se puso de manifiesto la necesidad de que las administraciones públicas realicen informes de evaluación de las políticas públicas destinadas a verificar la eficacia y la eficiencia de las medidas dirigidas a garantizar la igualdad en el pleno disfrute de los derechos constitucionales y estatutarios de las personas con discapacidad".

De este modo, el Defensor insistía en que entre las conclusiones que se extrajeron de ese encuentro, y que motivaron la apertura de la citada queja, estaba "la inexistencia de una evaluación de las políticas públicas que, con carácter sectorial, se orientan a garantizar la normalización e integración total del colectivo en la sociedad civil".

Señalaba también en dicha queja que "no se trata sólo de verificar el respeto y aplicación de normas y planes, que, con frecuencia, no se llevan a cabo con rigor; es que tampoco se valoran los resultados, ni los impactos, cualesquiera que sean éstos, derivados de la ejecución de tales políticas.No existe una metodología de análisis y valoración de resultados que permita llevar a cabo la evaluación de la ejecución de tales políticas", manifestaba la Defensoría del Pueblo Andaluz.

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