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Viernes, 01 Diciembre 2017 14:45

CERMI Andalucía hace un llamamiento a la reflexión sobre la falta de accesibilidad universal y a la participación de las personas con discapacidad

El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Andalucía (CERMI Andalucía) ha organizado este viernes un acto institucional en el Parlamento andaluz para conmemorar el Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad, que como cada año se celebra el día 3 de diciembre.

El presidente del CERMI Andalucía, José Manuel Porras, y cinco personas con discapacidad pertenecientes a las entidades miembros del CERMI Andalucía: DOWN Andalucía, ASPACE Andalucía, FAPAS, Plena Inclusión Andalucía y ONCE Andalucía, han leído el manifiesto de este año con las principales reivindicaciones de un sector, el de las personas con discapacidad, que en Andalucía forman más de 720.000 personas.

El director general de Personas con Discapacidad de la Junta de Andalucía, Gonzalo Rivas; la directora general de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo, Mª Carmen Arjona; el director general de Políticas Activas de Empleo, Rafael Moreno; así como el director del I Plan Andaluz de atención integral a personas menores de seis años en situación de dependencia o en riesgo de desarrollarla, Daniel Jiménez Calvo, han asistido a este acto.

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, María José Sánchez Rubio, ha puesto en valor el movimiento de la discapacidad andaluz, del que ha dicho “es el más potente y reivindicativo a nivel nacional”.

Por su parte, el presidente del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán, que ha cerrado el acto, ha hecho un llamamiento al consenso de todos los representantes políticos en el desarrollo de políticas sociales y en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.

El manifiesto de este año del CERMI Andalucía se ha presentado con el lema ‘Por la accesibilidad y la participación real y efectiva de las personas con discapacidad’, y es que, ante la cercanía del 4 de diciembre, fecha en la que se cumple el plazo legalmente establecido que nuestro país se dio en 2003 para que todos los bienes, servicios, productos y entornos fueran accesibles para todas las personas, CERMI Andalucía ha invitado a la reflexión en torno a la falta de accesibilidad universal y la ausencia de la aplicación de ajustes razonables para la accesibilidad, así como sobre los obstáculos a la participación real y efectiva de las personas con discapacidad en áreas básicas de la vida y en el ejercicio de sus derechos fundamentales.

Ante este panorama, CERMI Andalucía ha reivindicado las siguientes medidas:

1. El pronto desarrollo, y con la dotación presupuestaria necesaria, de la Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, con el máximo cumplimiento de sus valores y principios rectores, especialmente en lo que toca a la aplicación transversal de la perspectiva de género y bajo la guía de la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad.

2. El desarrollo pleno de las prestaciones de la Ley 39/2006. La situación de mejora de la economía tiene que tener un reflejo en la atención de las personas en situación de dependencia en todos sus grados. En Andalucía es urgente concertar nuevas plazas de atención residencial y de día que permitan el acceso de personas que llevan años esperando un recurso. Asimismo, es urgente aumentar los costes plazas para ofrecer la calidad en los servicios a los que estas personas tienen derecho. Y como alternativa y fomento de la autonomía, regular e implementar la prestación de la asistencia personal.

3. El desarrollo de las políticas, planes y programas contemplados en nuestra legislación vigente y otros necesarios para las personas con discapacidad, con especial atención a las políticas activas de empleo. El derecho al empleo es inherente a la persona y así debe quedar reflejado en el Plan de Empleo que establece la Ley. Las personas con discapacidad, especialmente las mujeres, muestran datos alarmantes de desempleo e inactividad. Por tanto, es imprescindible facilitar la formación profesional y el acceso y mantenimiento de mujeres y hombres con discapacidad en empleos de calidad, estableciendo medidas adecuadas e innovadoras de conciliación de la vida laboral, personal y familiar, facilitando la adaptación de los puestos de trabajo y desarrollando estrategias como el teletrabajo.

4. La garantía de los principios de equidad y solidaridad territorial en Andalucía, en todas las políticas y planes destinados a las personas con discapacidad y sus familias.

5. La aprobación del decreto que regula la figura del concierto social y a realizarse con las entidades sociales sin ánimo de lucro que tradicionalmente vienen prestando servicios a estas personas, incluyendo como tales los servicios sociales, sanitarios y educativos, bajo criterios de calidad y atención centrada en la persona.

6. La financiación sostenible de programas que tienen por objeto el empoderamiento, la eliminación de las brechas de género, la mejora de la calidad de vida y el ejercicio de derechos de las mujeres y hombres con discapacidad, dando prioridad a los pagos de los programas que realizan las entidades de personas con discapacidad, como entidades sin ánimo de lucro.

7. La garantía de participación y representación del movimiento de personas con discapacidad de Andalucía en todos los consejos, comisiones, grupos de trabajo y foros en los que se planifiquen, diseñen, ejecuten o evalúen medidas, acciones, planes, programas o políticas que afecten a la vida de las personas en nuestra Comunidad Autónoma. Somos más del 10% de la población andaluza, una mayoría mujeres.

8. La dotación de servicios públicos de Atención Temprana de Andalucía, la primera que se va a legislar en el Estado.

9. La adaptación de la legislación educativa a los postulados de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en los distintos centros y niveles del sistema educativo, acorde con los principios de igualdad de género, inclusión, equidad, flexibilidad y respeto a la diversidad. La atención al alumnado con necesidades educativas específicas debe ser un vector transversal de atención preferente en todas las líneas, con la dotación presupuestaria que requiera.

10. El desarrollo de políticas e iniciativas que propicien, exijan y garanticen la accesibilidad universal y con perspectiva de género, que caminen hacia viviendas, comunidades, ciudades y entornos rurales inclusivos y participativos para todas y todos.

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