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CERMI Andalucía

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El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Andalucía (CERMI Andalucía) anima a la ciudadanía andaluza a denunciar las violaciones de derechos por falta de condiciones de accesibilidad universal a partir del 4 de diciembre de 2017, fecha en la que concluyó el plazo legal para que todos los servicios y entornos de interés fuesen accesibles, con arreglo a las condiciones básicas de no discriminación y accesibilidad universal.

La accesibilidad universal es una obligación consagrada en el ordenamiento jurídico español y en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por Naciones Unidas y de obligado cumplimiento para los países que la ratificaron, como es el caso de España. En 2003 se aprobó una Ley que obligaba a que todos los bienes, servicios y entornos de interés fueran accesibles en 2019, plazo que posteriormente se acortó hasta el pasado 4 de diciembre del pasado año 2017.

Por eso, CERMI Andalucía ve necesario reforzar las denuncias de la ciudadanía y de las entidades de personas con discapacidad y sus familias de las violaciones de derechos por falta de accesibilidad universal; con el fin de exigir la actuación de los poderes públicos para corregir las graves y extendidas deficiencias aún persistentes, y promover con mayor firmeza la toma de conciencia del valor de la accesibilidad por parte de la sociedad.

Se trata de denunciar situaciones de discriminación en el entorno físico, social, económico y cultural, de la salud, de la educación y de la información y las comunicaciones, que impiden que las personas con discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Por todo ello, desde CERMI Andalucía se inicia una estrategia general de denuncias de los incumplimientos en materia de Accesibilidad Universal, y se hace un llamamiento al movimiento social de las personas con discapacidad, y, en general, a toda aquella persona que crea que los derechos humanos son un logro recogido por los estados para toda la ciudadanía sin ningún tipo de discriminación. Hace este llamamiento para que en la medida de las posibilidades de cada una, se interpongan denuncias por el incumplimiento de la Legislación vigente en materia de accesibilidad; las denuncias se pueden interponer por vía administrativa o judicial.

Para facilitar esta acción, CERMI Andalucía, a través de su página web (cermiandalucia.es), pone a disposición de cualquier persona un modelo de denuncia administrativa para presentar ante la Administración, que no implica coste alguno para aquella persona que la presente.

Dichas denuncias pueden presentarse en el Registro General de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía (calle Pablo Picasso, s/n, 41071 Sevilla) o en los Ayuntamientos de las capitales y municipios de cada provincia en los que se haya producido la posible infracción.

Igualmente, se solicita a las personas denunciantes que envíen al CERMI Andalucía, a los correos Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla o Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla , información de la denuncia y en qué fecha ha sido presentada, para poder realizar un seguimiento de la misma y apoyarla.


La consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, María José Sánchez Rubio, presidió ayer jueves el acto de firma de unos convenios con 34 entidades sin ánimo de lucro que han sido seleccionadas para llevar a cabo proyectos de carácter social y que contarán con una dotación presupuestaria de más de 798.700 euros, en el marco del programa "Ayudas a proyectos de iniciativas sociales en Andalucía", que financia la Obra Social de la Caixa.

Entre estas entidades, tres de ellas pertenecen a Federaciones de Personas con Discapacidad miembros del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Andalucía (CERMI Andalucía). Estas entidades son: Upace San Fernando (ASPACE Andalucía), Down Córdoba (Down Andalucía) y la Fundación Prode (Plena Inclusión Andalucía).

La firma de estos convenios estuvo presidida por la consejera junto al director territorial de Andalucía Occidental de Caixabank, Rafael Herrador; el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido; y representantes de las treinta y cuatro entidades.

En la convocatoria territorial Andalucía 2017 han sido seleccionados 62 proyectos, que contarán con casi 1,5 millones de euros para desarrollar sobre promoción de la autonomía y atención del envejecimiento, recursos residenciales temporales, discapacidad y dependencia, inserción sociolaboral e interculturalidad y acción social.

Los proyectos tienen como objetivo hacer frente a los retos sociales actuales, con especial atención a las personas que están en riesgo o en situación de vulnerabilidad social.

Con respecto a los proyectos firmados, diez de ellos se llevarán a cabo en Cádiz (con una dotación presupuestaria de 225.458 euros), seis en Córdoba (142.560 euros), cuatro en Huelva (104.320 euros) y catorce en Sevilla (326.440 euros).
El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Andalucía (CERMI Andalucía), aunque lamenta que se hayan desestimado algunas de sus aportaciones al borrador del anteproyecto de ley de modificación de dicha ley, ha mostrado su satisfacción porque el proyecto de reforma de la Ley de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género, aprobado por el Consejo de Gobierno el martes de la pasada semana, considere que también son víctimas de la violencia de género las personas dependientes o con discapacidad que estén a cargo de la mujer víctima de violencia de género.

La principal novedad que incorpora esta modificación de la ley es, por tanto, la ampliación del concepto de víctima de violencia de género, porque además de a los menores, incluye a otros colectivos como personas mayores, con discapacidad o dependientes que estén sujetos a la tutela, guardia o custodia de la mujer sometida a violencia y convivan en el entorno violento o tengan una relación de afectividad con la misma. No obstante, CERMI Andalucía considera que aún debe ampliarse a aquellas personas, familiares en situación de dependencia, que se encuentren bajo los cuidados de la mujer víctima de violencia de género, “aún sin acreditar convivencia alguna”.

CERMI Andalucía también valora que se establezca la Ventanilla Única de Violencia de Género como sistema único de atención, aunque no se especifica que esta herramienta vaya a contar con los medios de comunicación y físicos accesibles para las mujeres con discapacidad.

Asimismo, CERMI Andalucía estima que debe hacerse referencia a la figura agresora y al entorno en el que tenga lugar la violencia, ya que es importante atender y vigilar los casos de violencia hacia las mujeres en situación de dependencia dentro del contexto de instituciones residenciales y ejercida por figuras cuidadoras.

ÁMBITO EDUCATIVO Y DE LA FORMACIÓN

En lo que respecta al ámbito educativo y de la formación, la modificación de la Ley contra la Violencia de Género no menciona las especificidades de las mujeres y niñas con discapacidad. Para el CERMI Andalucía la formación sobre violencia de género a profesionales es fundamental; sin embargo, esta formación debe incorporar aspectos específicos e inherentes a las mujeres con discapacidad o de especial vulnerabilidad víctimas de violencia. Cuestiones como la estigmatización de la discapacidad o la falta de credibilidad que se otorga a las mujeres con discapacidad deben ser abordadas y desmanteladas a través de la formación.

Por otro lado, no ha aparecido recogida la obligatoriedad de definir, como indicadores necesarios, aquellos que permitan la evaluación transversal y la visibilización de aspectos relevantes respecto al origen, la etnia y/o la discapacidad de las mujeres y niñas víctimas de violencia de género, lo que mejoraría el análisis e investigación que asume el Observatorio Andaluz de la Violencia de Género.

Este Observatorio debe facilitar datos de mujeres víctimas de violencia de género desagregados por tipo de discapacidad y por provincia, impulsar formación especializada sobre los tipos de discapacidad y el riesgo al que se enfrentan cada una de ellas por razón de las dificultades que les genera la discapacidad o por las necesidades de apoyo.

De igual modo, es necesario que toda la normativa, todas las medidas, informes y estudios tengan en cuenta la accesibilidad para las personas con discapacidad.
Una delegación del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Andalucía (CERMI Andalucía), encabezada por su presidente, José Manuel Porras, ha asistido este martes a la conmemoración del 25 aniversario de la puesta en funcionamiento de los taxis adaptados en Sevilla.

Durante el acto, se ha entregado una placa conmemorativa a Francisco Oliva, que mantiene la licencia de su padre, Antonio Oliva, titular de la primera licencia de Eurotaxi otorgada en Sevilla el 9 de julio de 1992.

Además, el director de Accesibilidad Universal e Innovación de Fundación ONCE, Jesús Hernández, y el delegado de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Carlos Cabrera, han presentado los resultados del informe ‘Estado de la flota de taxis accesibles en municipios de más de 50.000 habitantes’, elaborado por Fundación ONCE y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) en 135 municipios de más de 50.000 habitantes. En el acto han participado además el delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, y el director general de Personas con Discapacidad de la Junta de Andalucía, Gonzalo Rivas, entre otros representantes sociales.

Este informe revela que el 63% de las ciudades españolas incumplen con la normativa que fija en un cinco por ciento la cuota de taxis adaptados; ciudades como Madrid y Barcelona incumplen la normativa, y en localidades como Torrelavega, Alcoy, Elda, Paterna o Torrente hay 120 taxis y ni uno es accesible.

La Fundación ONCE recuerda que hace diez años el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba el Real Decreto 1544/2007 por el que se regulaban las condiciones de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad. En él se fijaba un mínimo de un cinco por ciento de taxis accesibles sobre el total de la flota en un plazo de diez años desde la entrada en vigor de dicha norma. Este plazo finalizó precisamente ayer, 4 de diciembre, y tan sólo el 37% de los municipios de más de 50.000 habitantes la cumplen.

De los 135 municipios analizados, donde viven 1.294.400 personas con problemas de movilidad, tan sólo 50 están por encima del mencionado porcentaje del 5%. De hecho, 42 no llegan ni siquiera al 2% de taxis adaptados, entre ellos Madrid y Barcelona, que necesitarían, en ambos casos, 450 licencias de taxi accesibles para cumplir la normativa.

En el tramo entre el 2% y el 3,4% de taxis adaptados se puede ser más optimista, puesto que 18 de las 22 ciudades situadas en él lograrían tener la flota en regla aumentando como máximo en 4 las licencias de taxi adaptado. En la horquilla entre 3,5 y 4,9% ya estarían un total de 21 municipios.

En el lado más positivo se encuentran 14 ciudades que cuentan con una flota adaptada por encima del 10%. Entre ellas destaca Chiclana de la Frontera, ejemplo de inclusión al ofrecer un 18,9% de taxis adaptados sobre la flota total.

MEJORAS DESDE 2014

El informe también realiza una comparativa respecto a un estudio previo de 2014 y revela una mejora. En estos tres años ha aumentado un 9,6% el número de municipios que cumplen con la normativa, lo que supone que hay 13 municipios más que cumplen con la cuota establecida por el Real Decreto.

Por comunidades autónomas, Andalucía, Canarias y Castilla-La Mancha mejoran notablemente respecto a 2014 y se sitúan por encima del cinco por ciento. En el sentido contrario nos encontramos a la Comunidad Valenciana, que se queda a una décima de alcanzar el cinco por ciento que sí superaba en 2014.

Hay nueve comunidades autónomas en las que, de media, su flota de taxis adaptados supera el mencionado umbral, que son Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Navarra y La Rioja, además de la ciudad autónoma de Melilla.

ANDALUCÍA

El estudio sitúa a Andalucía entre las comunidades autónomas que mejor cumplen la normativa al situar a cuatro ciudades entre las diez con mejor porcentaje. En concreto se trata de Chiclana de la Frontera con 18,9%, Sanlúcar de Barrameda con 14,8%, El Ejido y Utrera con 12,5%. Sevilla cuenta con 159 eurotaxis, sobre un total de 1.981, lo que supone un 7,9%.

MEDIDAS DE FOMENTO

Por otra parte, el estudio ha analizado las distintas medidas puestas en marcha por las administraciones públicas para fomentar el transporte accesible. En este sentido destaca la combinación de actuaciones como es el caso de la concesión de subvenciones para la adquisición y adaptación de vehículos, además de la creación de nuevas licencias con obligatoriedad de ser accesibles.

El informe también señala como otra forma de fomentar el Eurotaxi es aumentar del número de plazas de las licencias accesibles. De esta forma, además de ayudar al desplazamiento de las personas con discapacidad se favorece a las familias o grupos de cinco o más componentes que tendrían que utilizar dos vehículos convencionales.

NUEVAS FORMAS DE TRANSPORTE

En relación con el sector del taxi y debido al aumento de las licencias VTC por la existencia de empresas como Cabify y Uber, en el informe se pide que se tenga en cuenta la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en la elección de este tipo de servicios y que en la regulación de estas autorizaciones se garantice la existencia de un porcentaje de vehículos adaptados.
José Manuel Porras, presidente del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Andalucía (CERMI Andalucía), así como una nutrida representación del propio CERMI Andalucía, asistieron en la tarde de ayer lunes al acto de entrega del Premio Andaluz a las Buenas Prácticas en la Atención a las Personas con Discapacidad en sus ocho modalidades. CERMI Andalucía forma parte del jurado de estos premios, que celebraban su XII edición y que se conceden con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, presidió el acto de entrega de estos premios. Manuel Martínez Domene, viceconsejero de Igualdad y Políticas Sociales; Purificación Gálvez, secretaria general de Servicios Sociales; y Gonzalo Rivas, director general de Personas con Discapacidad, asistieron igualmente a este acto, que se celebró en el Teatro Central de Sevilla.

En esta ocasión, CERMI Andalucía ha felicitado a la Confederación de Entidades de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Andalucía (Codisa-Predif), una de sus entidades miembros, que obtuvo el galardón en la modalidad de Promoción de la autonomía personal junto con VIAndalucía y Aspaym Andalucía, “por las iniciativas y programas que desarrollan en el ámbito de la asistencia personal, en aras a promover una vida autónoma e independiente de las personas con discapacidad prestándoles el apoyo y la formación necesarias para realizar su plan individual de vida en su propio entorno”.

Además, la Asociación de Familiares, Allegados y Personas con Trastorno Mental Grave (Asaenes), perteneciente a FEAFES Andalucía Salud Mental, y la asociación Asprodisis, de Plena Inclusión Andalucía, recibieron sendos premios en las categorías de Igualdad de oportunidades y en la de Inserción laboral, respectivamente.

Asaenes, “por el programa de atención a menores familiares de personas con problemas de salud mental que ofrece a niñas y niños acompañamiento a través de talleres y actividades lúdicas y de ocio, formativas, psicoeducativas y de apoyo escolar, para generar un espacio en el que expresen sus emociones y compartan sus experiencias”.

Por su parte, Asprodisis, por el desarrollo en el medio rural del servicio de apoyo a la inserción laboral de las personas con discapacidad intelectual en Ronda y su Serranía, “logrando con éxito el desempeño de prácticas formativas en empresas y la incorporación al mundo laboral de estas personas, además de sensibilizar, informar y formar al entorno y al tejido empresarial”.

El Premio Andaluz a las Buenas Prácticas en la Atención a Personas con Discapacidad en sus distintas modalidades nace en 2005 como forma de reconocer públicamente la labor de calidad realizada por personas físicas, entidades o instituciones, tanto públicas como privadas, en la lucha por la eliminación de las barreras que impiden el normal desenvolvimiento de las personas con discapacidad, y promuevan su integración social y laboral. También se valoran las iniciativas que incorporan la perspectiva de género para hacer más visibles a las mujeres con discapacidad.
El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Andalucía (CERMI Andalucía) ha organizado este viernes un acto institucional en el Parlamento andaluz para conmemorar el Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad, que como cada año se celebra el día 3 de diciembre.

El presidente del CERMI Andalucía, José Manuel Porras, y cinco personas con discapacidad pertenecientes a las entidades miembros del CERMI Andalucía: DOWN Andalucía, ASPACE Andalucía, FAPAS, Plena Inclusión Andalucía y ONCE Andalucía, han leído el manifiesto de este año con las principales reivindicaciones de un sector, el de las personas con discapacidad, que en Andalucía forman más de 720.000 personas.

El director general de Personas con Discapacidad de la Junta de Andalucía, Gonzalo Rivas; la directora general de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo, Mª Carmen Arjona; el director general de Políticas Activas de Empleo, Rafael Moreno; así como el director del I Plan Andaluz de atención integral a personas menores de seis años en situación de dependencia o en riesgo de desarrollarla, Daniel Jiménez Calvo, han asistido a este acto.

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, María José Sánchez Rubio, ha puesto en valor el movimiento de la discapacidad andaluz, del que ha dicho “es el más potente y reivindicativo a nivel nacional”.

Por su parte, el presidente del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán, que ha cerrado el acto, ha hecho un llamamiento al consenso de todos los representantes políticos en el desarrollo de políticas sociales y en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.

El manifiesto de este año del CERMI Andalucía se ha presentado con el lema ‘Por la accesibilidad y la participación real y efectiva de las personas con discapacidad’, y es que, ante la cercanía del 4 de diciembre, fecha en la que se cumple el plazo legalmente establecido que nuestro país se dio en 2003 para que todos los bienes, servicios, productos y entornos fueran accesibles para todas las personas, CERMI Andalucía ha invitado a la reflexión en torno a la falta de accesibilidad universal y la ausencia de la aplicación de ajustes razonables para la accesibilidad, así como sobre los obstáculos a la participación real y efectiva de las personas con discapacidad en áreas básicas de la vida y en el ejercicio de sus derechos fundamentales.

Ante este panorama, CERMI Andalucía ha reivindicado las siguientes medidas:

1. El pronto desarrollo, y con la dotación presupuestaria necesaria, de la Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, con el máximo cumplimiento de sus valores y principios rectores, especialmente en lo que toca a la aplicación transversal de la perspectiva de género y bajo la guía de la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad.

2. El desarrollo pleno de las prestaciones de la Ley 39/2006. La situación de mejora de la economía tiene que tener un reflejo en la atención de las personas en situación de dependencia en todos sus grados. En Andalucía es urgente concertar nuevas plazas de atención residencial y de día que permitan el acceso de personas que llevan años esperando un recurso. Asimismo, es urgente aumentar los costes plazas para ofrecer la calidad en los servicios a los que estas personas tienen derecho. Y como alternativa y fomento de la autonomía, regular e implementar la prestación de la asistencia personal.

3. El desarrollo de las políticas, planes y programas contemplados en nuestra legislación vigente y otros necesarios para las personas con discapacidad, con especial atención a las políticas activas de empleo. El derecho al empleo es inherente a la persona y así debe quedar reflejado en el Plan de Empleo que establece la Ley. Las personas con discapacidad, especialmente las mujeres, muestran datos alarmantes de desempleo e inactividad. Por tanto, es imprescindible facilitar la formación profesional y el acceso y mantenimiento de mujeres y hombres con discapacidad en empleos de calidad, estableciendo medidas adecuadas e innovadoras de conciliación de la vida laboral, personal y familiar, facilitando la adaptación de los puestos de trabajo y desarrollando estrategias como el teletrabajo.

4. La garantía de los principios de equidad y solidaridad territorial en Andalucía, en todas las políticas y planes destinados a las personas con discapacidad y sus familias.

5. La aprobación del decreto que regula la figura del concierto social y a realizarse con las entidades sociales sin ánimo de lucro que tradicionalmente vienen prestando servicios a estas personas, incluyendo como tales los servicios sociales, sanitarios y educativos, bajo criterios de calidad y atención centrada en la persona.

6. La financiación sostenible de programas que tienen por objeto el empoderamiento, la eliminación de las brechas de género, la mejora de la calidad de vida y el ejercicio de derechos de las mujeres y hombres con discapacidad, dando prioridad a los pagos de los programas que realizan las entidades de personas con discapacidad, como entidades sin ánimo de lucro.

7. La garantía de participación y representación del movimiento de personas con discapacidad de Andalucía en todos los consejos, comisiones, grupos de trabajo y foros en los que se planifiquen, diseñen, ejecuten o evalúen medidas, acciones, planes, programas o políticas que afecten a la vida de las personas en nuestra Comunidad Autónoma. Somos más del 10% de la población andaluza, una mayoría mujeres.

8. La dotación de servicios públicos de Atención Temprana de Andalucía, la primera que se va a legislar en el Estado.

9. La adaptación de la legislación educativa a los postulados de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en los distintos centros y niveles del sistema educativo, acorde con los principios de igualdad de género, inclusión, equidad, flexibilidad y respeto a la diversidad. La atención al alumnado con necesidades educativas específicas debe ser un vector transversal de atención preferente en todas las líneas, con la dotación presupuestaria que requiera.

10. El desarrollo de políticas e iniciativas que propicien, exijan y garanticen la accesibilidad universal y con perspectiva de género, que caminen hacia viviendas, comunidades, ciudades y entornos rurales inclusivos y participativos para todas y todos.
El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Andalucía (CERMI Andalucía) se suma al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) en mostrar su satisfacción por la aprobación definitiva en el Senado, ayer miércoles, de la Proposición de Ley de modificación de la Ley Orgánica del Jurado, que permitirá que todas las personas con discapacidad puedan formar parte de este tipo de tribunal.

Es digno de mención que el Senado haya dado luz verde al texto remitido por el Congreso por unanimidad de todos los grupos y sin introducir enmiendas que modifiquen su contenido.

Así pues, esto se ha plasmado en que, a instancias del CERMI, los partidos políticos han corregido el artículo 8.5 de la Ley Orgánica del Jurado, que incluye los “Requisitos para ser jurado”. Mientras que a partir de ahora se dirá que “para ser jurado habrá que contar con la aptitud suficiente para el desempeño de la función del jurado”, este punto de la norma aprobada en 1995 establecía que para ser miembro de un tribunal popular “no había que estar afectado por discapacidad física o psíquica”.

Además, “las personas con discapacidad no podrán ser excluidas por esta circunstancia de la función de jurado, debiendo la Administración de Justicia proveer de los apoyos precisos y efectuar los ajustes razonables a los candidatos a jurado con situaciones de discapacidad para que puedan desempeñar con normalidad su cometido”.

De esta forma, el Estado español avanza en el cumplimiento de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. En concreto, el artículo 13 de dicho tratado obliga a garantizar la igualdad en el acceso a la Justicia, y las restricciones existentes suponían una discriminación en el acceso a la Administración de Justicia.
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